Durante d茅cadas, se ha asumido generalmente que cualquier depuraci贸n masiva de los registros electorales debe completarse al menos 90 d铆as antes de una elecci贸n.
Pero los republicanos y la administraci贸n Trump est谩n poniendo a prueba el alcance de la ley federal que proh铆be los programas de eliminaci贸n 鈥渟istem谩tica鈥� dentro de los tres meses previos a una elecci贸n, mientras el presidente Donald Trump impulsa revisiones m谩s agresivas de los registros de votantes para detectar no ciudadanos y otros votantes inelegibles.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en ingl茅s) ha lanzado un para obtener el archivo de registro de votantes de casi todos los estados y revisar esos archivos en busca de sospechas de no ciudadanos. Para esta revisi贸n, el DOJ est谩 utilizando una herramienta federal de base de datos de inmigraci贸n conocida como SAVE, o Systematic Alien Verification for Entitlements, a producir falsos positivos.
Algunos funcionarios electorales estatales han indicado que quieren libertad para eliminar nombres en los meses o semanas previas a una elecci贸n, pero otros funcionarios electorales 鈥� junto con defensores de los votantes 鈥� est谩n preocupados de que los votantes elegibles corran el riesgo de ser privados de su derecho al sufragio con el aumento de los programas de depuraci贸n, especialmente mientras Trump intenta involucrarse m谩s. Afirman que el llamado 鈥減eriodo de silencio鈥� es necesario para darle a los votantes elegibles que son eliminados por error tiempo suficiente para volver a inscribirse.
Trump y altos funcionarios de su administraci贸n han sido implacables en sus afirmaciones de que un aluvi贸n de extranjeros en los registros de votantes ha contaminado las elecciones, aun cuando estudios han demostrado que el voto de no ciudadanos es muy raro.
Que la administraci贸n Trump intente involucrar al Gobierno federal de manera m谩s directa en el proceso electoral hace que los argumentos legales de los republicanos sobre el periodo de silencio sean 鈥渕谩s preocupantes鈥�, dijo Brent Ferguson, director s茅nior de litigios estrat茅gicos en Campaign Legal Center, que ha demandado con 茅xito a estados por violar el 鈥減eriodo de silencio鈥� de 90 d铆as de la Ley Nacional de Registro de Votantes.
鈥淓sto crea una situaci贸n en la que el propio Gobierno federal es el actor que trata de depurar votantes de los registros en los d铆as previos a la elecci贸n, lo cual es claramente ilegal鈥�, dijo Ferguson.
Un tribunal de apelaciones el sistema de datos SAVE para depurar sus listas dentro de los 90 d铆as previos a la elecci贸n debido a la disposici贸n de per铆odo de silencio en la NVRA.
La administraci贸n Trump y los republicanos argumentan que la prohibici贸n no se aplica a las depuraciones dirigidas a personas no ciudadanas y a otros individuos que nunca deber铆an haber estado registrados en primer lugar.
Otro tribunal de apelaciones rechaz贸 ese argumento cuando fue presentado por funcionarios estatales republicanos en Virginia. Pero la Corte Suprema, en ese caso que permiti贸 al entonces gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, reiniciar un programa de eliminaci贸n de votantes apenas d铆as antes de la elecci贸n, usando registros estatales para identificar presuntos no ciudadanos. (La gobernadora dem贸crata Abigail Spanberger termin贸 formalmente el programa cuando asumi贸 el cargo este a帽o y la demanda fue resuelta).
Ahora, el Comit茅 Nacional Republicano que se pronuncie sobre el fondo del asunto en un caso originado en Arizona. El Departamento de Justicia en el litigio sobre sus demandas para obtener archivos de registro estatal que el per铆odo de silencio no se aplica a la revisi贸n de listas de votantes que est谩 realizando. Y en Ohio, el secretario del estado, el republicano Frank LaRose, est谩 para defender sus programas de mantenimiento de listas que utilizan datos de SAVE y del Departamento de Veh铆culos Motorizados estatal.
Los defensores de programas m谩s agresivos de mantenimiento de listas dicen que existen mecanismos de seguridad para proteger contra la privaci贸n del derecho al voto.
鈥淓l argumento de que los estados 鈥搚 especialmente los funcionarios electorales鈥� no deber铆an hacer su trabajo o mantener listas de votantes precisas por una cuesti贸n t茅cnica es absurdo鈥�, dijo a CNN el portavoz del RNC, Zach Parkinson.
Parkinson dijo que rechaza la idea de que 鈥渘o podemos tener integridad electoral porque una persona imaginaria podr铆a ser privada de su derecho al voto鈥�.
Ya, los funcionarios electorales republicanos han adoptado programas m谩s agresivos de mantenimiento de listas de votantes, con varios estados aprovechando la reforma que Trump hizo al SAVE para ampliar las bases de datos federales que utiliza y facilitar su uso a los estados. Pero esos funcionarios han descubierto que un n煤mero significativo de las personas que SAVE ha se帽alado como probables no ciudadanos en la comparaci贸n son, de hecho, ciudadanos.
Por ejemplo, una revisi贸n de las listas de votantes de Idaho el a帽o pasado utilizando el sistema SAVE inicialmente encontr贸 760 posibles no ciudadanos entre sus casi 1,1 millones de votantes registrados.
Pero tras una investigaci贸n m谩s profunda, solo unas tres decenas fueron remitidas a las autoridades para ser investigadas por registro o actividad de votaci贸n de no ciudadanos, el secretario de Estado de Idaho, Phil McGrane.
Mientras tanto, los funcionarios electorales locales se han quejado de que han recibido poca o ninguna orientaci贸n de sus jefes electorales estatales, quienes han enviado listas de personas que SAVE ha identificado como probables no ciudadanos.
Seg煤n una demanda que , lo que los funcionarios locales hacen con esas listas var铆a mucho de condado a condado. Algunos condados realizan investigaciones adicionales sobre esas coincidencias 鈥攗tilizando registros estatales que documentan la ciudadan铆a鈥� para reducir el grupo de votantes que luego son notificados de que se cancelar谩 su registro a menos que demuestren su ciudadan铆a. Otros condados env铆an avisos a todos los votantes identificados por SAVE como sospechosos de no ser ciudadanos.
Los conservadores enfatizan que existen opciones de respaldo para proteger a los votantes elegibles que no reciben el aviso de sus funcionarios electorales de que sus registros ser谩n cancelados a menos que proporcionen prueba de ciudadan铆a.
En el caso de Virginia, por ejemplo, el estado argument贸 en ese momento que cualquier ciudadano que fuera removido err贸neamente podr铆a volver a registrarse cuando se presentara en las urnas, bajo las leyes estatales de registro el mismo d铆a. En estados sin registro el mismo d铆a, esos votantes tendr铆an acceso a la votaci贸n provisional, que permite emitir votos que se apartan y solo se cuentan una vez que se resuelven los problemas de elegibilidad posteriormente.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN a principios del mes pasado que, como parte de su renovaci贸n del programa SAVE, ha asignado a 150 empleados para realizar 鈥渧erificaciones manuales鈥� de las coincidencias producidas por el programa en busca de 鈥渋nconsistencias鈥� antes de enviar esos resultados al estado.
A principios de abril, DHS hab铆a identificado a 21.000 individuos como posibles no ciudadanos en las listas de votantes de un total de 60 millones de casos presentados; una tasa del 0,035 %. Sin embargo, una proporci贸n mayor 鈥攁lrededor del 3 % de todas las comparaciones鈥� result贸 inconclusa, seg煤n Wren Orey, director del Proyecto de Elecciones del Bipartisan Policy Center.
鈥淐uando se hace eso dentro de ese per铆odo de 90 d铆as, el riesgo es simplemente mayor de que esos votantes no tengan tiempo o aviso adecuados para poder proporcionar los documentos que necesitar谩n antes de la elecci贸n鈥�, dijo Orey a CNN. 鈥淭al vez su certificado de nacimiento no cumple con los requisitos. Tal vez no tienen uno a mano, tal vez no tienen pasaporte. Eso podr铆a tomar meses en obtenerse鈥�.
Adem谩s, terminar el per铆odo de silencio para ese tipo de depuraciones podr铆a 鈥渄escargar鈥� m谩s trabajo en los oficiales electorales, que tendr谩n que investigar si las coincidencias de datos son precisas mientras est谩n en la recta final para preparar una elecci贸n, dijo Charles Stewart, profesor del MIT que estudia los sistemas electorales.
鈥淗ay una raz贸n por la cual haces estas investigaciones alejadas de la elecci贸n鈥�, dijo Stewart.
Es poco probable que el caso de Arizona, en el que se solicita a la Corte Suprema resolver el alcance del per铆odo de silencio de la NVRA, se resuelva antes de las elecciones intermedias. Pero es posible que litigios de emergencia obliguen a los tribunales a pronunciarse sobre cualquier programa de eliminaci贸n realizado semanas o d铆as antes de la votaci贸n de noviembre, como ocurri贸 con demandas que impugnaron los esfuerzos de Virginia y Alabama para eliminar votantes justo antes de la elecci贸n de 2024.
Mientras el proyecto de ley nacional de verificaci贸n de ciudadan铆a para votantes de Trump ha naufragado en el Congreso, los estados han aprobado leyes que exigen revisiones regulares de los registros electorales contra SAVE, lo que establece la posibilidad de que el tema vuelva a estar en el calendario de emergencia de la Corte Suprema este oto帽o.
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